La constitución venezolana: un traje a la medida para el ejercicio del poder

La constitución es un pacto sagrado que consagra los derechos inalienables de los ciudadanos y establece los cimientos sobre los cuales se edifica el Estado. Nace del poder constituyente, fuente primogénita de toda legitimidad, y se erige como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Su contenido, como diría el mismo Vallenilla Lanz es el reflejo dinámico de la evolución política de un pueblo, esculpido por las fuerzas sociales y culturales de su tiempo. La constitución no es solo un conjunto de normas, sino un proyecto de nación, un sueño colectivo plasmado en palabras que unen a todos los ciudadanos en la realización de un destino manifiesto.

En Venezuela, el estatuto organizativo del Estado (CRBV), alabado hasta la saciedad como obra maestra, es en realidad producto de un fraude jurídico-legal perpetrado por la extinta Corte Suprema de Justicia. Un documento que, pretendiendo ser la norma suprema, se desvía hacia terrenos ajenos a su naturaleza, proclamando derechos que son intrínsecos al ser humano mientras sienta las bases para su propia transgresión mediante la reafirmación del poder en vez de limitarlo.

Es un texto sombrío donde el imperio de la ley se ve socavado por la voluntad del poder. La justicia, influenciada por la ideología, se desvía de su propósito y la seguridad jurídica se vuelve incierta como un barco sin brújula en medio de una tormenta.

Trazando un camino hacia una forma de gobierno donde las libertades individuales se subordinan a los ideales del partido. Un sistema totalitario, dónde el Estado no solo legisla, sino que también ejecuta y controla, dejando escaso margen para la iniciativa privada convertida en un bien de interés social condicionada a las decisiones de la política gubernamental.

Es como si la Constitución, en lugar de ser un escudo protector, se transformara en un arma arrojadiza contra los propios ciudadanos. Un poema oscuro, donde la esperanza se desvanece ante la sombra omnipresente del poder. Esta Carta Magna, lejos de ser un pacto social, es un contrato de servidumbre, donde el individuo se ve reducido a una pieza más en el engranaje estatal.

Pablo Brito
Pablo Brito
Abogado, director de Tinte Jurídico, investigador y políglota en formación.

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